Iniciativa de Reforma en materia de justicia laboral


DIPUTADO PASCUAL SIGALA PÁEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

P R E S E N T E.
Adriana Hernández Iñiguez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 36, fracción II y 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como los numerales 8, fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito presentar ante el Pleno de ésta Soberanía, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo en materia de justicia laboral, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estado Mexicano decidió hace décadas compartir el monopolio de la justicia laboral con los empresarios y trabajadores, a fin de administrar y resolver de la mejor manera posible los naturales conflictos que surgen entre el capital y el trabajo, paradigma que se tradujo en la creación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y sus pares en los Estados de la República. El éxito de la fórmula fue tal que también se replicó en otras instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, el Instituto del Fondo para el Consumo de los Trabajadores y el Comité Nacional de Productividad. 
El sistema de justicia laboral operó adecuadamente durante décadas hasta que comenzó a ser rebasado por la demanda. De acuerdo con la iniciativa presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, el incremento de la rotación frente a la mayor volatilidad de los empleos y la flexibilización de formas de contratación y despido, ha provocado a partir de la década de los ochenta, el aumento de los conflictos individuales. En dos décadas, de 1995 a 2015, se incorporaron a la población económicamente activa del país, más de 18 millones de mexicanos, periodo en el que los conflictos individuales aumentaron 132%, al pasar de 125,510 de diciembre de 1994 a 291,548 en diciembre de 2015. 
La saturación a que se refiere el titular del Ejecutivo Federal nunca implicó falta de compromiso por parte de empresarios y trabajadores, ya que éstos siempre se han distinguido por su solidaridad con México. 
Aunado a lo anterior, para nadie es un secreto que la práctica cotidiana en muchas instancias dista de ser un ejemplo de rectitud. Postulantes y partes pueden dar cuenta de costumbres poco respetuosas de la ley en las juntas de conciliación y arbitraje. La enmienda de la cual se desprende la presente iniciativa busca precisamente reprimir tales conductas a través de la profesionalización de los servidores públicos relacionados con la justicia laboral. 
Para los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional resulta una verdadera satisfacción el poder proyectar hacia nuestra entidad federativa estas reformas impulsadas por el Presidente Peña Nieto, las cuales gozaron de un amplio consenso durante su discusión en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, lo cual refleja la inquietud compartida que existe por hacer realidad los principios de justicia pronta y expedita consignados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

A partir de ahora, y gracias a la actividad del Constituyente Permanente, la justicia laboral pasará a formar parte de las atribuciones de los poderes judiciales mientras que la conciliación entre las partes correrá a cargo de organismos autónomos en el ámbito local y de un ente descentralizado en lo federal, sin que ello signifique un demérito en los derechos de los trabajadores adscritos a las instancias del trabajo que actualmente operan. Asimismo, y como consecuencia de esta enmienda, la facultad relativa al registro de sindicatos pasará a ser redistribuida a una sola instancia federal y se fortalecerá la libertad sindical. 
Cierto es que aún queda para el legislador secundario la obligación de aterrizar en leyes secundarias las reformas aquí planteadas, pero eso no obsta para que, en un ejercicio de armonización, el Congreso del Estado de Michoacán reforme la ley fundamental del Estado para hacerla acorde con los alcances de la enmienda de mérito. 
Es por ello que, en atención a lo previsto por las disposiciones transitorias del Decreto por el que se aprueban las reformas en materia justicia laboral, planteamos adicionar el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a efecto de establecer que el ejercicio del Poder Judicial del Estado se depositará también en los juzgados laborales.
También se propone una reforma al artículo 83 de nuestra Constitución, para señalar que corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado conocer de los negocios laborales, como tribunal de alzada, en los términos que dispongan las leyes aplicables. Asimismo, se sugiere modificar dicho dispositivo para eliminar de su fracción I inciso g el término “juntas de conciliación y arbitraje”, toda vez que dichas instituciones tenderán a desaparecer en un futuro próximo. 
El artículo 89 se propone que sea adicionado a fin de que disponga que son atribuciones de los tribunales y jueces de primera instancia conocer en primera instancia de los negocios laborales.
En el Título Tercero A, Capítulo I, se incluye una nueva Sección VI y un artículo 98 B, referente al Centro de Conciliación en materia laboral, el cual contará con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Esta nueva institución, tal y como lo mandata la Constitución de la República, deberá regirse por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinarán en la ley que al efecto se expida. 
En lo referente a la designación del titular del Centro de Conciliación, se plantea que el titular del Poder Ejecutivo someterá a una terna a consideración del Congreso del Estado, el cual previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el titular del Poder Ejecutivo. 
En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si la segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 
El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias de la competencia del organismo autónomo; que no haya ocupado un cargo en partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por periodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave y no podrá tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que actúe en representación del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.
Por cuanto hace a las disposiciones transitorias, el Decreto que sea aprobado deberá entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
En tanto se instituyan e inicien operaciones los juzgados o tribunales laborales y el Centro de Conciliación, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría de Gobierno, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo.
Los asuntos que estuvieren en trámite al momento de iniciar sus funciones los juzgados o tribunales y el Centro de Conciliación, serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. 
Una vez que entren en vigor las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, el titular del Ejecutivo someterá al Congreso del Estado la terna para la designación del titular del Centro de Conciliación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de 

D E C R E T O
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 67, 83 inciso g) de la fracción I, 89; y se adicionan una fracción III al artículo 83, así como la Sección VI, del Centro de Conciliación, con un artículo 98 B. al Título Tercero A Capítulo I, de los organismos Autónomos, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:
Artículo 67.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Consejo del Poder Judicial, en los juzgados de primera instancia, en los laborales, en los menores de materia civil, en los comunales, en los de justicia penal para adolescentes y en los de ejecución de sanciones penales.


Artículo 83.- Corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado:

I.- Conocer en Pleno:

“a). – … a f) …  
“g) De la autorización a los jueces del Estado a sostener competencias con los jueces de otros Estados, de la Federación y de la Ciudad de México, y
“h) Las demás que le asigne esta Constitución y la Ley Orgánica respectiva;
II.- …

a) …  
b) De los recursos de queja en negocios civiles y penales;
c) Las demás que le asigne esta Constitución y la Ley Orgánica respectiva, y 
III. Conocer de los negocios laborales, como tribunal de alzada, en los términos que dispongan las leyes aplicables. 
Artículo 89. Son atribuciones de los tribunales y jueces de primera instancia:

I. Conocer en primera instancia de los negocios civiles, penales, laborales y de jurisdicción concurrente de su región o distrito judicial, según corresponda;

II. a V.
TÍTULO TERCERO A

CAPÍTULO I

De los Organismos Autónomos
Sección VI

Del Centro de Conciliación
Artículo 98 B.– La función conciliatoria en materia laboral estará a cargo del Centro de Conciliación especializado, el cual contará con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinarán en la ley que al efecto se expida. 
Para la designación del titular del Centro de Conciliación, el titular del Poder Ejecutivo someterá a una terna a consideración del Congreso del Estado, el cual previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el titular del Poder Ejecutivo. 
En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si la segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 
El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias de la competencia del organismo autónomo; que no haya ocupado un cargo en partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por periodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrá tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que actúe en representación del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
SEGUNDO. Remítase el presente Decreto a los ayuntamientos del Estado, así como al Concejo Mayor de Cherán, para que emitan el resultado de su votación, en los términos de la fracción IV del Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. 
TERCERO. En tanto se instituyan e inicien operaciones los juzgados o tribunales laborales y el Centro de Conciliación, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría de Gobierno, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo.
Los asuntos que estuvieren en trámite al momento de iniciar sus funciones los juzgados o tribunales y el Centro de Conciliación, serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. 
CUARTO. Una vez que entren en vigor las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, el titular del Ejecutivo someterá al Congreso del Estado la terna para la designación del titular del Centro de Conciliación.
QUINTO. Notifíquese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su conocimiento y publicación respectiva.
Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán, a los 6 días del mes de marzo de 2017 dos mil diecisiete.

Atentamente